Por: Juan V. Chopin
El pasado 27 de marzo, del año en curso, se cumplió un año de la primera aplicación contemporánea del estado de excepción en El Salvador.
El objetivo de aplicar el artículo 29 de la Constitución era detener la ola de asesinatos provocada por el accionar de las pandillas y otras razones no siempre notas a la población. El Gobierno, efectivamente, ha logrado frenar la ola de asesinatos. Algunos periodistas han intentado demostrar que el Gobierno mantiene una negociación con los jefes de las pandillas para lograr sus propósitos. De momento, este no es el argumento que queremos presentar en esta nota.
Es un momento oportuno para preguntarse: ¿Qué tipo de régimen político quieren o prefieren los salvadoreños?
El artículo 30 de la Constitución dice claramente: «El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas».
Cuando el Gobierno renovó la primera vez régimen de excepción, no rompió el orden constitucional. A partir de la tercera vez, el Gobierno rompe el orden constitucional. Lo respeta parcialmente, porque cada vez emite un decreto, pero ya está fuera de los tiempos establecidos por el artículo 30.
Los voceros del Gobierno actual aseguran públicamente que han terminado con el problema de las pandillas en El Salvador y, al hacerlo, van al encuentro del artículo n. 31 que dice: «Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales, la Asamblea Legislativa o el Consejo de Ministros, según el caso, deberá restablecer tales garantías». Se nota una aparente contradicción. Si se ha terminado con el problema de las maras, ¿por qué no se restablece el orden constitucional?
Por consiguiente, el orden constitucional se ha roto al no respetarse los artículos 30 y 31 de la Constitución. El presidente y su Gobierno se posicionan por encima de la Ley. Además, se rompe en sus efectos, es decir, al violentar los derechos de las personas capturadas injustamente durante el tiempo que dura el régimen de excepción.
Al decir lo anterior, no se niega la bondad fáctica que la medida ha tenido en la población, ni queremos ir en contra de los beneficios que esto ha supuesto para miles de salvadoreños. Pero no se logra resolver la cuestión del régimen político que prefieren o desean los salvadoreños, para el futuro de la república.
Entramos así a un callejón que tiene dos salidas: optar por un Gobierno constitucional o bien optar por un Gobierno arbitrario. No es una decisión fácil. Si se renuncia al Gobierno constitucional se desemboca en el despotismo. El presidente se convertiría así en un déspota, literalmente una «persona que gobierna sin sujeción a ley alguna». Si el Gobierno no es un Gobierno de leyes, es el imperio de una voluntad absoluta. El principio democrático se torna monocrático. Probablemente esta disyuntiva no interese a muchos salvadoreños. A nosotros sí nos interesa.
Estamos llamados a resolver una cuestión que atraviesa siglos de historia, es decir: «si las sociedades humanas son capaces o no de establecer un buen gobierno, valiéndose de la reflexión y porque opten por él, o si están por siempre destinadas a fundar en el accidente o la fuerza sus constituciones políticas» (Alexander Hamilton, “El Federalista”, I). Cobra fuerza así la lamentación Hamilton: «casi todos los hombres que han derrocado las libertades de las repúblicas empezaron su carrera cortejando servilmente al pueblo: se iniciaron como demagogos y acabaron en tiranos» (Ibídem.).
Retorna a nuestra mente la frase de Aristóteles: «El que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios» (Política, Libro 1, § 2). Vale decir, el que no respeta la ley o es un Dios o es una bestia. Esto interesa a todos los salvadoreños.
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