Por: Juan Vicente Chopin
En las investigaciones acerca de la llamada «masacre del 32» en El
Salvador, no siempre es fácil tener a disposición fuentes primarias que den fe
acerca del modo como la Iglesia Católica interpretó dichos acontecimientos.
A continuación presentamos algunos documentos encontrados en el Archivo
Secreto Vaticano que se refieren al tema. Son documentos inéditos que pueden
arrojar luz acerca de esta cuestión aun inconclusa en lo que respecta su
investigación[1].
1.
Antecedentes
El primer levantamiento «popular» en El Salvador, que incluía elementos de
la doctrina marxista, se dio en 1932[2]. Este movimiento tuvo un espectro más amplio en el país, que
el de 1832, pues ya supone la existencia de los movimientos de inspiración
marxista. Los criollos salvadoreños habían construido una economía en total
dependencia del café. En torno al año 1929, cuando la bolsa de valores de Nueva
York entró en crisis, todo el Caribe y Centro América se vieron en la más
profunda de las crisis económicas de su historia[3].La
circunstancia fue aprovechada por los movimientos de izquierda, que desde 1920
habían comenzado a organizarse en El Salvador; no obstante, la primera célula
comunista bien organizada surgirá con la fundación en 1930 del PCS[4].
En este período, y apoyados por Estados Unidos, los cuadros de poder económico
de la región comienzan una nueva táctica, por demás criminal, harán su
aparición las dictaduras militares. En el mismo período histórico encontramos a
Jorge Ubico en Guatemala, Tiburcio Carías en Honduras, Anastasio Somoza en
Nicaragua y Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador. Estos militares no
hubieran podido subsistir en el poder sin el apoyo de Washington y su política
de la «buena vecindad». En estas coordenadas debe leerse el levantamiento de
1932 en El Salvador[5].
Agustín Farabundo Martí (1893-1932) es la persona que mejor encarna los objetivos
revolucionarios de 1932. F. Martí integró en 1928 la revolución sandinista,
pero se separó de Sandino por cuestiones de principios ideológicos[6].
Separado de Sandino, F. Martí regresa a El Salvador en el verano de 1930 para
organizar la lucha. El alzamiento armado se decretó para el día 22 de enero de
1932. La noticia del alzamiento llegó a oídos del presidente Maximiliano
Hernández Martínez, que inmediatamente convocó a elecciones «democráticas»[7],
solicitando la inscripción de todos los partidos políticos, incluido el PCS,
que dio los nombres de sus líderes, lista que después serviría para la
realización de asesinatos selectivos. Este general gobernó el país de 1932 a
1944 en condición de dictador. Prácticamente es el responsable del genocidio
más grande hecho en menos tiempo en El Salvador: en pocos días las fuerzas de
seguridad asesinaron a 30,000 personas[8]. M.
Hernández Martínez no realizó de inmediato las elecciones prometidas y, por el
contrario, ordenó masacrar los movimientos indígenas del occidente del país. El
líder indígena Feliciano Ama (1881-1932), que se sumó también a la lucha contra
M. Hernández Martínez y su régimen, fue capturado y golpeado hasta morir el 28
de enero de 1932, luego colgado en un árbol en presencia de los niños de la
escuela como ejemplo del fin que todos los comunistas debían padecer[9].
Farabundo Martí, Mario Zapata y Alfonso Luna (líderes de la revolución) fueron capturados el 19 de enero y el 1º de febrero de 1932 fueron fusilados tras un breve
«consejo de guerra»[10].
La mayor parte de las víctimas de la insurrección de 1932 eran indígenas[11].
En el caso de la masacre de los indígenas de 1932 siempre se ha tenido
dificultad, desde el punto de vista de las fuentes históricas, para demostrar
cuál era el punto de vista de la Iglesia Católica, sin embargo el acceso a
fuentes hasta ahora inéditas van arrojando alguna luz al respecto. Ya se dijo
someramente que la masacre se enmarca en la crisis económica que pasaba El
Salvador en torno a 1929. El presidente de la esa época es Pío Romero Bosque, predecesor
de Arturo Araujo y cuya gestión va de 1927 a 1931.
Desde el punto de vista social el problema se explica a partir del hecho
que la consolidación de una burguesía cafetalera había llevado al Estado a caer
presa de este grupo de poder económico, que veía el aparato estatal en función
de los intereses de la producción comercial. La élite cafetalera no tenía en su
agenda repartir sus ganancias con las clases trabajadoras. De ahí que tanto la
clase proletaria y de agricultores manifestaran su descontento y anejo a ello
se fue formando un proceso de organización y concientización social. Los
prelados de la Iglesia Católica estaban conscientes de que eran las diferencias
sociales las que llevaban al conflicto, si bien en ese momento sostenían que
«la diversidad de clases es algo que se sigue de la misma naturaleza»[12],
es decir, se trata de un «derecho natural…, que la consiguiente división de las
clases sociales en ricos y pobres, radica en la misma naturaleza de las cosas»[13].
Es interesante la serie de cuestiones que la Iglesia Católica les planteó en
ese momento a los terratenientes por medio de una circular:
«(1) ¿Sabe Ud. Cómo
viven sus colonos? (2) ¿Tienen ellos en sus viviendas cierta comodidad o
higiene? (3) ¿Se les paga el salario suficiente, no sólo para el vivir
cotidiano, sino también para que sostengan a su familia, a base de economía y
honradez? (4) ¿Los colonos y empleados todos, trabajan de tal manera que puedan
cumplir con sus obligaciones religiosas? (5) ¿Se les da facilidades para que
sus hijos reciban la instrucción conveniente? (6) ¿Cuentan con médico y
medicinas para sus enfermedades ordinarias, particularmente si viven en zonas
malsanas? (7) ¿No se abusa de la debilidad de los niños obligándolos a trabajos
incompatibles con su edad? (8) ¿Se impone a las mujeres, sobre todo a las que
son madres, obligaciones que les imposibilitan atender a sus niños?»[14].
Según esto, la Iglesia Católica no ignora las condiciones en que viven los
colonos de los finqueros, pero su visión de la cuestión está determinada por la
doctrina anticomunista, muy en boga en esos días: «Si todos los patronos tratan
a sus trabajadores de modo que no se deje ni una sola de estas cosas sin
cumplir, creemos, y estamos seguros de ello, que el peligro comunista quedará
completamente conjurado»[15].
A los sacerdotes, por una parte se les pide que «hagan ver a los amos y
patronos, que en el cumplimiento de sus deberes de cristianos, y sobre todo en
los de justicia y de caridad para con sus trabajadores, obreros y sirvientes,
estriba principalmente la acertada solución del problema social»[16],
por otra parte se les afirma que no pueden favorecer los puntos de vista
comunistas, según reza la sentencia «ningún católico puede ser comunista,
ningún comunista puede ser católico»[17].
2.
El golpe de Estado de 1931
Las fuentes vaticanas hacen las primeras alusiones a Maximiliano Hernández
Martínez a partir de la campaña electoral de 1930 que llevó en marzo de 1931 a
la presidencia a Arturo Araujo, militante del Partido Laborista de El Salvador,
candidato apoyado por don Alberto Masferrer. Mons. José Alfonso Belloso y
Sánchez[18],
arzobispo de San Salvador, escribe una carta al internuncio de la época, Mos.
José Fietta[19],
residente en San José de Costa Rica, fechada el 14 de julio de 1930; en ella le
describe el momento político que está viviendo El Salvador, sobre todo interesa
lo que se dice acerca de los candidatos que participan en la contienda
electoral:
«He esperado un poco para dar a V.E. un juicio sobre el
momento político actual referente a [las] elecciones presidenciales para
hacerlo un poco más acertado, si cabe; pues, al parecer todos parecen estar
sumergidos en un caos.
En primer lugar no pienso que alguno de los candidatos
que hasta ahora se han presentado anide algún sentimiento de hostilidad contra
la Iglesia. Y esto es muy consolador. El que parecería un poco en contra habría
podido creerse que fuera el Dr. D. Enrique Córdova; pero este Señor [sic] ha venido varias veces a verme y
hemos hablado de la necesidad de que él encarezca a sus partidarios, sobre todo
estudiantes, se abstengan de hablar cosa que pueda ser ofensa a las creencias
religiosas de este pueblo. Fectivamente [sic],
así lo hizo dicho señor, y ya no se han registrado ataques por parte de sus
núcleos. Él mismo está casado con una magnífica señora educada por las
religiosas de la Asunción, muy piadosa, y sus hijos están en el Colegio de los
Hermanos Maristas a donde va para asistir a las fiestas religiosas tales como
la primera Comunión, etc.
Otro de los candidatos que puede ofrecer algún peligro
para la Religión es el Sr.Max.H.Martínez! [sic]
Desgraciadamente este señor abrazó con fervor el Teosofismo y ha hecho
propaganda. Pero ahora parece haber[se] calmado en estas propagandas y ya ha
venido también él a verme. El sábado pasado nos vimos otra vez y siempre
cariñoso.
Los otros, lo mismo y algunos son conocidos de V.E.Rvma,
tales como el Dr.D.Alberto Gómez Zárate y don Arturo Araujo. El Dr.Zárate
cumplió como buen católico, con su Comunión Pascual.
Soy del parecer que la contienda principal ha de librarse
entre el Dr. Zárate y Dr. Córdova y D.Arturo Araujo[20].
Son los que están más preparados. Sin embargo, si hemos de juzgar por las cosas
anteriores, presentes y posteriores, y por algunos indicios que se dejan
escapar, creo que el más probable de todos los candidatos es el Dr. Gómez
Zárate.
Para evitarle molestias a la Iglesia y por las razones
que dejo expuestas, a su debido tiempo se giró la circular que adjunto; y, he
visto que con esta medida se calmaron las reclamaciones y ataques que se dirigían
por creer que el Clero se mezclaba en asuntos eleccionarios[21].
Queda claro que M. Hernández Martínez no era un candidato
de la predilección de la Iglesia Católica, por su declarada filiación teosófica
y que se esperaba que llegara a la presidencia el Dr. Zárate. Queda claro
también que los candidatos necesitaban el reconocimiento de la Iglesia para no
tener problemas con su campaña política, pero se nota también que había
protestas por tal influencia, dada la circular de la que habla la carta,
aclarando la no participación del clero en «asuntos eleccionarios».
Hay dos cartas que tienen la misma fecha (7 de diciembre
de 1931), una emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador
(Sección Diplomática) y la otra del Palacio Arzobispal de San Salvador; en
ambas se notifica de lo sucedido la noche del 2 de diciembre de 1931, es decir,
el golpe de Estado contra el presidente Araujo. El arzobispo J. A. Belloso y
Sánchez comunica también que ya hizo una visita al golpista M. Hernández
Martínez:
«Además notifícole que en la noche del dos al tres de los
corrientes tuvo lugar en esta capital un fuerte movimiento militar que culminó
con la caída del Ingeniero don Arturo Araujo. Gracias a las gestiones eficaces
del Cuerpo Diplomático al día siguiente 3 de Diciembre se rindieron los pocos
militares adepto[s] al régimen caído y así felizmente se evitó que se siguiera
derramando sangre humana. En esa noche me encontraba yo en Visita Pastoral en
la vecina ciudad de Santa Tecla y hasta el día siguiente me enteré de lo
acaecido. Quise venirme inmediatamente a San Salvador, pero no permitiéndose la
salida de particulares, me vi obligado a esperar hasta el viernes 4 del mes en curso. En la actualidad
el Directorio Militar controla todo el país y hay completa tranquilidad.
Como el día cuatro el Vice-Presidente Constitucional tomó
posesión de la Presidencia, el día cinco, previa consulta al Cabildo
Eclesiástico, fui a visitar al nuevo mandatario quien me recibió cordialmente, lo mismo que algunos
miembros del nuevo Gabinete»[22].
A. Araujo ganó la presidencia y se instaló el primero de
marzo de 1931, pero duraría poco en el cargo. Su propuesta reformista, sobre
todo en lo tocante a la tenencia de la tierra, no gustó a la oligarquía
salvadoreña y se organizó un golpe de Estado. En esos días se estaba llevando a
cabo cambio de nuncio en la internunciatura de América Central. Mons. Fietta
había dejado el cargo de internuncio el 23 de septiembre de 1930, para hacerse
cargo de la nunciatura de Haití y República Dominicana. La sede quedó vacante
durante 1931, entre tanto atendía la internunciatura Mons. Pedro Cogliolo, con
el cargo de encargado de negocios de la Santa Sede[23].
Fue hasta el 28 de enero de 1932 que se nominó nuncio apostólico de la
internunciatura de América Central y delegado en Guatemala Mons. Carlo Chiarlo[24].
Finalmente, el 30 de septiembre de 1933, con la elevación de la internunciatura
a Nunciatura Apostólica, la Santa Sede decidió distribuir los territorios de
América Central en dos grupos, dando vida a la Nunciatura de Costa Rica,
Nicaragua y Panamá, con sede en San José de Costa Rica y encomendada siempre a
Mons. Chiarlo, y a la Nunciatura de El Salvador y Honduras, unida a la
Delegación Apostólica de Guatemala, con sede en San Salvador, encomendada a
Mons. Alberto Levame[25].
Así se explica que la carta que fue emitida por la
sección diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores estuviera dirigida
a Mons. Pedro Cogliolo. Vale la pena reproducir el texto de la carta:
«Tengo la honra de poner en conocimiento de Vuestra
Señoría que a consecuencia de los acontecimientos de esta capital en la noche
del día 2 del presente mes, el Presidente titular de la República Ingeniero don
Arturo Araujo salió del país, renunciando a los altos cargos de Presidente de
la República. El Vicepresidente Constitucional General don Maximiliano
Hernández Martínez, en cumplimiento de lo que preceptúa el Art. 81 de la
Constitución Política ha asumido esas elevadas funciones y formado su Gabinete
de Gobierno […].
Me es grato al informar lo anterior a Vuestra Señoría
manifestarle que el nuevo Gobierno tiene propósitos firmes de conservar las
buenas relaciones existentes entre El Salvador y la Nación que representa
dignamente Vuestra Señoría y agregar que, todas las autoridades constituidas
han reconocido el nuevo régimen prestándole adhesión, que el orden en el país
es perfecto , y que, fuera de los sucesos de esta capital, ha reinado completa
tranquilidad en el país, cuya vida normal no ha sido alterada»[26].
El texto afirma
que A. Araujo renunció a su cargo de presidente y que el vicepresidente, M.
Hernández Martínez, asumió la presidencia, que además aseguran las buenas
relaciones entre el gobierno de El Salvador y la Santa Sede.
De los mismos acontecimientos informa Pietro Cogliolo,
desde San José de Costa Rica al Cardenal Eugenio Pacelli, Secretario de Estado
de la Santa Sede. Sin embargo, el texto en su primera parte no dice que A. Araujo
renunció de su cargo, sino que fue sacado por una revuelta militar: «Ese día
una revuelta militar, que costó no pocas víctimas, derrocó al Gobierno presidido
por el señor Arturo Araujo, el cual se vio obligado a abandonar su país,
refugiándose en un primer momento en la vecina república de Guatemala, y luego
se trasladó a Washington para argumentar su caso»[27].
Pero, a renglón seguido es refiere a los problemas de legitimidad que afronta
la revuelta militar, según su propósito de poner como presidente al General M.
Hernández Martínez. Según se lee en el texto, está vigente un tratado de 1923
entre los estados centroamericanos y el gobierno de los Estados Unidos, según
el cual no pueden reconocer los gobiernos que, como el de M. Hernández Martínez,
surgen de un golpe de Estado o de una revolución. Sin embargo, se refiere
también a la opinión que están difundiendo los medios afines al gobierno, es
decir, al argumento de que A. Araujo renunció a su cargo, al no poder cumplir
sus promesas reformistas:
«A partir de lo que
leemos en los periódicos parecería que el motivo del trágico suceso hay que
buscarlo en el hecho de no haber podido cumplir el señor Araujo, debido a la
grave crisis financiera, las solemnes promesas hechas en el orden social y
económico en su programa de gobierno, durante la contienda electoral que lo
elevó al poder con una exuberante mayoría de votos.
Mientras tanto, en
la Capital, San Salvador, se conformaba una junta militar, que a su vez
instalaba un nuevo Gobierno, encabezado por el general Martínez, ya
vicepresidente de la República del Gobierno derrocado.
Se tiene, sin
embargo, una incógnita que mantiene los ánimos suspendidos. Los gobiernos de
los estados centroamericanos, y el gobierno de los Estados Unidos, en virtud
del tratado especial de 1923, no pueden reconocer los gobiernos que, como el
presente, surjan de un golpe de estado o una de revolución.
Algunos sostienen
la legalidad del nuevo orden de cosas en esa República, basada en el hecho de
que el presidente Araujo, en contravención de un precepto constitucional,
abandonó el poder que fue ocupado por el vicepresidente en funciones, el
General Martínez.
La cuestión, sin
embargo, no será resuelta por los abogados, sino por las decisiones de los
jefes de los estados signatarios de dicho Tratado.
Afortunadamente, el
País está tranquilo, se desconoce si de buen grado o resignado. Esto me lo
confirma también una carta del arzobispo Mons. Belloso, quien me dice que ya se
había presentado al nuevo presidente a modo de obligado homenaje»[28].
El tratado al que se refiere la carta de P. Cogliolo
obligó a los golpistas por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores a
hacer una extensa argumentación jurídica para poder justificar la instalación
de M. Hernández Martínez en el puesto dejado por A. Araujo[29].
En primer lugar, el documento presenta la versión de los acontecimientos del 2
al 5 de diciembre de 1931. Se acepta que se trató de un golpe militar. Que
entre el 2 y el 3 de diciembre todas las comandancias militares se fueron
sumando al golpe y al llamado «Directorio Militar», excepto la de Santa Ana,
que permaneció fiel al presidente, mientras él estuvo refugiado en esa ciudad.
El día 4 de diciembre, según se lee en el documento:
«[…] decidió el
señor Araujo abandonar la defensa de sus derechos presidenciales y pasar la
frontera para asilarse en Guatemala, lo que hizo en la tarde, no sin antes
dirigir al Directorio Militar, por conducto del ex Subsecretario de Fomento,
Ingeniero Coronel don Francisco Acosta, notificación de que depositaba la
Presidencia de la República en el segundo Designado (en realidad tercer
Designado) doctor don J. Max. Olano»[30].
En esta parte el documento es claro al afirmar que A. Araujo
renunció a su cargo de Presidente de la República debido a la presión que
ejercían los militares alzados.
El otro aspecto que puntualiza es que M. Hernández Martínez
no participó en el golpe, afirmando que durante esos acontecimientos estuvo
detenido en el cuartel del Primer Regimiento de Artillería, por cierto un dato
por lo menos ambiguo en cuanto se afirma que además de ser vicepresidente era
el Secretario de la Guerra del Gobierno del Presidente Araujo, lo cual hace
pensar que era muy difícil que no estuviera al tanto de los preparativos del
golpe[31].
De tal suerte que, en cuanto Secretario de la Guerra, tiene problemas para
instalarse como Presidente. Esto provocará que la argumentación de los juristas
de M. Hernández Martínez, prescinda de su condición de Secretario y lo presente
como Vicepresidente, para evitar que el Tratado del que se habla, lo inhabilite
para el cargo de Presidente. En todo
caso el documento reza de la siguiente manera:
«El Directorio
Militar tuvo el mando sobre la fuerza armada mientras el Presidente Araujo
permanecía en el territorio nacional; pero una vez lo hubo desocupado, en la
tarde del día 4 de diciembre, dio libertad al Vicepresidente, General Hernández
Martínez, llamado por la Constitución al ejercicio de la Presidencia de la
República después de consumada la remoción de aquél. Y con ese acto restableció
el Directorio mismo el orden constitucional, alterado por sólo breves cincuenta
horas, en ejercicio de un derecho constitucional, el de insurrección,
reconocido por el Art. 36 de nuestra Carta Fundamental»[32].
En segundo lugar, el documento presenta la situación jurídica
del nuevo Gobierno ante la Constitución Política de El Salvador. Por supuesto,
el Gobierno es considerado constitucional y recurriendo a lo que los redactores
llaman «principio de automatismo constitucional», justifica la entrada
inmediata de M. Hernández Hernández a la presidencia. Además argumenta que más
que un golpe militar se trató de una insurrección popular: «la insurrección de
la noche del 2 de diciembre, si bien revistió aparentemente al principio
carácter meramente militar, evidenció luego, en su desenvolvimiento posterior
inmediato, toda la naturaleza de una insurrección popular»[33].
En última instancia no habrían sido los militares los que lo depusieron, sino
el pueblo: «[…] elevado a la Presidencia de la República, el 1 de marzo de
1931, fue depuesto de ella por el Pueblo en los días del 2 al 4 de diciembre, y
no es ya, para ningún efecto, Presidente de El Salvador […]»[34].
En tercer lugar,
sienta postura ante el Tratado General de Paz y Amistad de 1923. La mayor
dificultad tiene que ver con Art. II de dicho tratado, según reza:
«Deseando
asegurar en las Repúblicas de Centro América los benéficos que se derivan de la
práctica de las instituciones libres y contribuir al propio tiempo a afirmar su
estabilidad y los prestigios de que deben rodearse, declaran que se considera
amenazante a la paz de dichas Repúblicas todo acto, disposición o medida que
altere en cualquiera de ellas el orden Constitucional, ya sea que proceda de
algún Poder público, ya de particulares.
En
consecuencia, los Gobiernos de las Partes Contratantes no reconocerán a ninguno
que surja en cualquiera de las cinco Repúblicas por un golpe de estado o de una
revolución contra un gobierno reconocido, mientras la representación del
pueblo, libremente electa, no haya reorganizado el país en forma
constitucional. Y aun en este caso se obliga a no otorgar el reconocimiento si
alguna de las personas que resultaren electas Presidente, Vicepresidente o
Designado estuviere comprendida en cualquiera de los casos siguientes:
1.
Si fuere el jefe o uno de los jefes del golpe de estado o de la revolución; o
fuere por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente o hermano de
alguno de ellos.
2.
Si hubiese sido Secretario de Estado o hubiese tenido alto mando militar al
verificarse el golpe de estado o la revolución o al practicarse la elección, o
hubiese ejercido ese cargo o mando dentro de los seis meses anteriores al golpe
de estado, revolución o elección.
Tampoco
será reconocida, en ningún caso, el gobierno que surja de elecciones recaídas
en un ciudadano inhabilitado expresa e indubitablemente por la Constitución de
su país para ser electo Presidente, Vicepresidente o Designado»[35].
Así se explica por qué los defensores del nuevo Gobierno
se esfuercen por demostrar que M. Hernández Martínez no tuvo nada que ver con
el golpe, pues si eso se demostrara, no podría ejercer ese cargo, según el
artículo citado. En el fondo, es el temor a la expansión del comunismo lo que
motiva el golpe y la consiguiente pérdida de privilegios de los poderes
oligárquicos. Así lo reconocen:
«Porque la hidra
del comunismo, quizá tiene sus tentáculos extendidos por toda la América
Central y quiere ocupar El Salvador como su cuartel central […]. Podrá decirse
que en lo afirmado hay interés y parcialidad. Pero quien lo diga es porque está
ciego o no quiere ver. El más ligero examen de los últimos acontecimientos y de
la organización que ellos descubrieron en la que estaban enrolados muchos
extranjeros de cepa comunista, son más que suficientes para que lo comprenda el
menos avisado. ¿Hemos de esperar lo imprevisto para adquirir un mayor
convencimiento?»[36].
Este dato es importante en cuanto explica las razones de
la matanza que se perpetrará a partir del 22 de enero de 1932. De hecho, el
movimiento popular es acusado de ser un movimiento comunista, aun cuando en él
no solo participaba el PCS, sino también otros sectores que no siempre
coincidían con los propósitos comunistas. También es interesante mostrar que la
jerarquía de la Iglesia hizo valoraciones muy parecidas a las que hacía M.
Hernández Martínez, respecto del movimiento popular de enero de 1932. Las
conclusiones a que llega el documento son cuatro y a partir de las cuales M.
Hernández Martínez se envalentona para tomar el Gobierno de El Salvador:
1. El General Hernández Martínez, conforme a la historia verídica de los
acontecimientos del dos de diciembre, no tomó parte en ellos, sino que antes
bien corrió riesgos inminentes de vida, por tratar de sostener el régimen
constituido del señor Araujo.
2. El nuevo Gobierno que él, en cumplimiento de su deber, inauguró el 5 de
diciembre, es perfectamente constitucional y vino a sustituir al gobierno de
facto formado por un Directorio Militar.
3. El Tratado General de Paz y Amistad Centroamericano de 7 de febrero de 1923
no fue ratificado por El Salvador en toda su integridad, y por las reservas que
le hizo, no se opone al reconocimiento de los gobiernos de Centro América.
4.
La calidad de Vicepresidente de
la República que revestía el General Hernández Martínez, electo para esas
funciones por sus conciudadanos, con mucha anterioridad al golpe del 2 de
diciembre, no puede estar supeditada por el carácter que revestía, cuando
ocurrió ese golpe, de Secretario de Guerra, Marina y Aviación, ni es admisible,
dentro de los cánones de las democracias modernas, que por esa razón se le
llegase a privar de los derechos inherentes a su condición de Vicepresidente de
la República, para los efectos contemplados en el Art. 81 de nuestra
Constitución Política[37].
Era de esperarse una conclusión de ese tipo. Es
inevitable hacerse algunas preguntas. En primer lugar, el documento aparece
promulgado el 3 de febrero de 1932. Lo cual implica que la matanza de enero de
1932 ya había sucedido ¿por qué no se dice nada acerca de eso? ¿A qué se
refiere el texto cuando dice que «El Salvador no ha tenido que resentir
convulsiones internas desde hace ya más de treinta años»?[38]
Como mínimo hay que recordar que en ese período está comprendido el asesinato del
presidente Manuel Enrique Araujo, en 1913.
3.
La masacre de indígenas de 1932
El informe de P. Cogliolo al Cardenal Eugenio Pacelli,
tiene referencias al levantamiento popular de enero de 1932[39].
Interesan algunos datos del reporte: el representante de la Santa Sede
considera que le movimiento es de matriz comunista; se habla de la cifra de
asesinados; se menciona la razón por la
que los comunistas encontraron cabida en la población; en fin, se habla de una
carta que el arzobispo envió a los oligarcas. Veamos los términos en que se
expresa P. Cogliolo:
«Siguiendo el
Informe No. 348/82, del 24 de diciembre pasado, en el que refería a Su
Excelencia Reverendísima acerca de los movimientos políticos en la República de
El Salvador, que provocaron la caída del presidente Arturo Araujo, y el
advenimiento de un nuevo gobierno, creo que es mi deber informar ahora sobre
las terribles convulsiones del Comunismo organizado, que han diseminado muertes
y desastres en esa desafortunada Nación.
El horrible plan
urdido por los líderes era abalanzarse sobre la Capital (San Salvador) y sobre
el resto del país el 22 de enero, y por medio de todo tipo de violencias y
destrucciones, constituir un gobierno soviético. Afortunadamente, el plan fue
descubierto y frustrado en su mayor parte, de modo que quedó a salvo la Capital, y el gobierno se encontró en
condiciones de poder con éxito dispersar y destruir los grupos de comunistas que
por sorpresa habían logrado ocupar ciudades y pueblos en la región occidental,
cometiendo todo tipo de devastación, violencias y masacres[40].
De los comunistas
fueron asesinados varios miles (se calculan alrededor de seis mil) bajo la
metralla de las tropas gubernamentales; muchos otros, incluyendo a los líderes,
fueron capturados y fusilados.
Tres cosas son
dignas de consideración: 1. Que la religión no fue tocada por los terroristas;
2. Que entre los comunistas hay muchos rusos, polacos y checoslovacos,
vendedores ambulantes improvisados; 3 Que el Gobierno se consideró suficiente
para erradicar la terrible incursión, sin la participación de las tropas
extranjeras, que acudieron rápidamente en unidades navales Inglesas y
americanas de los Estados Unidos y también de las otras repúblicas
centroamericanas.
Antes de terminar
debo añadir que el Comunismo encontró campo propicio para sus malas obras, en
el hecho, por desgracia cierto, que la gran mayoría de los trabajadores
agrícolas salvadoreños se encuentra desde hace mucho tiempo en miserables
condiciones económicas: población muy densa, obligada a vivir de la tierra, y
sólo de la tierra, porque no hay industrias; y por otra parte, un puñado de
grandes terratenientes, enriquecidos a expensas de un trabajo
“mesquinísimamente” remunerado[41].
Los trágicos
acontecimientos de los últimos días, aunque tarde, han abierto los ojos a las
autoridades. El arzobispo de San Salvador, con una bellísima y oportuna Carta
[dirigida] a los Jefes y Propietarios […][42],
llama la atención sobre las grandes enseñanzas de la Iglesia: las autoridades
civiles se proponen sancionar nuevas leyes favorables al Trabajador y a los que
no tienen nada.»[43]
Este es el planteamiento de la cuestión de la masacre de
1932. Al leer el texto de la carta se nota el contraste entre la percepción de
que se trata de una revuelta comunista y la constatación de que eso es posible
debido a las condiciones miserables en que viven los trabajadores urbanos,
campesinos e indígenas. Esta fuente primaria también arroja luz acerca de la
cantidad de personas asesinadas, la cifra mencionada son seis mil personas, lo
cual es ya un genocidio. También deja clara la injerencia extranjera en los
asuntos internos de la realidad social salvadoreña.
El movimiento popular organizado fue diezmado con la
masacre[44].
Hubo que esperar hasta la década de los 70 para apreciar un resurgimiento de
las organizaciones sociales. Dicho en modo sintético:
«Esta represión del año 32 se
impuso como la salida fácil a los problemas nacionales. De allí en adelante,
con pocas excepciones, los dirigentes del país ―una insana mezcla de poder
militar y poder económico― conjuraron cualquier amenaza al status quo, real o imaginada, mediante la represión y un estricto
control social. Pero el recurso no podía funcionar por siempre. A finales de la
década de 1970 emergieron una serie de movimientos muy diversos, pero
dispuestos a quebrar el sistema de dominación hasta entonces vigente. Quizá no
tenían mucha claridad sobre los cambios a realizar, pero sí estaban muy seguros
de lo que ya no querían. Intelectuales, religiosos, obreros y estudiantes se
movilizaron en la ciudad, pero algunos organizaron núcleos en el campo. Muy
importante fue la movilización campesina. Las ideas revolucionarias llegaron al
campo no tanto en los manuales marxistas, sino en los Evangelios con la
Teología de la Liberación; quizá por esto encontraron tanto eco en los
campesinos, seguramente más familiarizados y receptivos con Jesús que con Marx»[45].
4. Conclusión
Hay acontecimiento fundantes en el proceso histórico de
un pueblo. En este sentido los acontecimientos en torno a la masacre que inició
el 22 de enero de 1932, constituyen una fractura en la sociedad salvadoreña. El
origen del concepto de nación en El Salvador y su consiguiente nacionalismo,
está teñido de sangre. Es una marca que enfrenta a la clase acomodada y a los
sectores populares, una fractura aun no sanada en nuestro país. Al respecto,
decimos lo siguiente:
a. El golpe de estado que se da entre el 2 y
el 5 de diciembre de 1931 y la masacre de campesinos iniciada el 22 de enero de
1932, deben ser vistos como acontecimientos relacionados y no separados.
b. Independientemente de la cantidad de
personas que fueron asesinadas a partir del 22 de enero de 1932, ya sea que se
hable de seis mil, según la fuente vaticana, o 30,000, como cifra mayoritaria
en otras fuentes, en todo caso se trata de un genocidio, es decir, del
asesinato de una parte significativa de una determinada población.
c. La Iglesia Católica conocía del estado de
injusticia en que se encontraban los trabajadores de la época, pero fue su
doctrina anticomunista la que le impidió actuar en defensa de los desposeídos.
Su discurso moralizante por medio de cartas pastorales o circulares no fueron
suficientes para detener el genocidio.
d. La falta de opción en la Iglesia Católica de
1932 contrasta con la acción social que realizará la misma a partir de la
década de 1970, mucho más apegada al derecho y a la doctrina social de la
Iglesia. Es decir, mucho más consecuente.
e. En la medida que no se resuelvan los
graves conflictos como la masacre de 1932 y no se condene públicamente a los
responsables, en esa media quedarán impunes los casos de crímenes de lesa
humanidad, lo cual incluye el asesinato de obispos, sacerdotes, religiosos y
religiosas, catequistas y lideres comunitarios ―católicos y evangélicos―.
f. Por tanto, hay una débil construcción de
la nación y, por consiguiente, un falso nacionalismo, cuyo romanticismo no
logra superar su estatus criminal.
[1] Lo que
reproducimos a continuación lo pueden encontrar en: J. V. Chopin, Teología
del martirio cristiano. Implicaciones socio-eclesiales, Fundacultura, San
Salvador 2018, 341-353.
[2] Para una amplia y actualizada
contextualización véase: C. G. López
Bernal (dir.), El Salvador.
Historia Contemporánea 1808-2010, Fundación Mapfre/Editorial Universitaria,
San Salvador 2015.
[5]Cfr. L Bethell, Historia de América Latina, vol. 14: América Central desde 1930, Crítica,
Barcelona 2001, 54.
[7] Es un modo de decir, ya que en
ese período los procesos democráticos estaban sistemáticamente viciados.
[8] La cifra exacta de la masacre
hasta la fecha no ha logrado establecerse.
[9]Cfr. R. Dalton, Miguel Mármol, 313; véase además: O. Martínez Peñate – M. E. Sánchez, El
Salvador. Diccionario: personajes, hechos históricos, geografía e instituciones,
Nuevo Enfoque, San Salvador 2004, 28.
[12] J.
A. Belloso y Sánchez, «Circular que se ha pasado a las personas
terratenientes», en Revista Eclesiástica 17
(1932, II) 8-10; la circular no pone fecha exacta, solo indica: enero de 1932.
[13] J.
A. Belloso y Sánchez, Carta del Arzobispo de San Salvador a los
reverendos señores párrocos y sacerdotes de la Arquidiócesis (19 de marzo de
1932), en Revista Eclesiástica 17
(1932, IV) 6.
[14] J.
A. Belloso y Sánchez, «Circular que se ha pasado a las personas
terratenientes», 9-10.
[15] Ibídem, 10.
[16] J.
A. Belloso y Sánchez, Carta del Arzobispo de San Salvador a los
reverendos señores párrocos y sacerdotes», 7.
[17] Ibídem, 9.
[18] Fue arzobispo de San Salvador
del 22 de diciembre de 1927 al 9 de agosto de 1938.
[19] Giuseppe Fietta fue internuncio
apostólico de Centro América entre el 27 de septiembre de 1926 y el 23 de
septiembre de 1930.
[20] La carta contiene diverso
errores tipográficos en su escritura, probablemente fue hecha con alguna prisa.
[21] J.A.
Belloso y Sánchez, Carta al internuncio apostólico José Fietta (14 de
julio de 1930), en ASV. Arch. Nunz. America Centrale, fascículo 54, folios
52-53. En esta misma carta se refiere que los trabajos de construcción de la
nunciatura apostólica de El Salvador están avanzados.
[22] J.A.
Belloso y Sánchez, Carta al encargado de negocios de la Santa Sede Pedro
Cogliolo (7 de diciembre de 1931), en ASV. Arch. Nunz. America Centrale,
fascículo 54, folios 98-99.
[23] Cfr. Revista Eclesiástica 7 (1931) 1; 9 (1931) 1-2.
[24] Este prelado visitó El Salvador
el 12 de enero de 1933, cfr. Revista
Eclesiástica 17 (1932, IX) 5; 18 (1933,I-II); 18 (1933, III), 2-3. El
presidente M. Hernández Martínez, ya instalado en el poder y muy interesado en
gozar del reconocimiento de la Santa Sede, no obstante la caracterización de
teósofo que pesaba sobre él, dice en la ceremonia de recepción de las
credenciales del nuevo nuncio, palabras inéditas como estas: «Mi gobierno que
reconoce las importancia trascendental que entraña para todos los países del
Orbe, el implantamiento de un régimen de paz y de concordia basado en la
justicia y en el amor al orden y al trabajo, no puede menos recibir con
beneplácito verdadero, a tan ilustre mensajero de paz», en Revista Eclesiástica 18 (1933, I-II) 13.
[25] Cfr. G. De Marchi, Le Nunziature
Apostoliche dal 1800 al 1956, Editrice Vaticana, Roma 1957; D. Staffa, Le Delegazioni Apostoliche, Desclée, Cittá di Castello 1957.
[26] Ministerio de Relaciones
Exteriores (Sección Diplomática), Carta a Mons. Pedro Cogliolo, del 7 de
diciembre de 1931, N.A. 800/L.D.N. 1712,
en ASV: Arch. Nunz. America Centrale, 93.
[27] P.
Cogliolo, Carta al Cardenal Eugenio Pacelli, Secretario de Estado del
Vaticano (24 de diciembre de 1931), en ASV: Arch. Nunz. America Centrale,
Fascículo 21, protocolo 88. La traducción del italiano es nuestra.
[28] P.
Cogliolo, Carta al Cardenal Eugenio Pacelli, Secretario de Estado del
Vaticano (24 de diciembre de 1931), en ASV: Arch. Nunz. America Centrale,
Fascículo 21, protocolo 88. La traducción es nuestra.
[29] Cfr. Ministerio de Relaciones Exteriores, Condición jurídica del Gobierno del presidente Gral. Maximiliano
Hernández Martínez ante la Constitución Política de la República de El Salvador
y el Tratado General de Paz y Amistad Centroamericana. Suscrito en Washington
en 1923, Inprenta Nacional, San Salvador 1932. En ASV: Arch. Nunz. America
Centrale, 93.
[30] Ministerio
de Relaciones Exteriores, Condición
jurídica del Gobierno del presidente Gral. Maximiliano Hernández Martínez, pág.
3.
[31] Justamente por eso estaría
inhabilitado para ser presidente. Cfr. Ministerio
de Relaciones Exteriores, Condición
jurídica del Gobierno del presidente Gral. Maximiliano Hernández Martínez, pág.
10.
[32] Ministerio
de Relaciones Exteriores, Condición
jurídica del Gobierno del presidente Gral. Maximiliano Hernández Martínez, pág.
4.
[33] Ministerio
de Relaciones Exteriores, Condición
jurídica del Gobierno del presidente Gral. Maximiliano Hernández Martínez, pág.
6.
[34] Ministerio
de Relaciones Exteriores, Condición
jurídica del Gobierno del presidente Gral. Maximiliano Hernández Martínez, pág.
7.
[35] Citado de una versión digital,
en: http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/AEB79A63CFA2D7A70625739A005F8F7C?OpenDocument. El documento fue consultado el
21 de octubre de 2015.
[36] Ministerio
de Relaciones Exteriores, Condición
jurídica del Gobierno del presidente Gral. Maximiliano Hernández Martínez, pág.
8.
[37] Ministerio
de Relaciones Exteriores, Condición
jurídica del Gobierno del presidente Gral. Maximiliano Hernández Martínez, pág.
16.
[38] Ministerio
de Relaciones Exteriores, Condición
jurídica del Gobierno del presidente Gral. Maximiliano Hernández Martínez, pág.
8.
[39] P.
Cogliolo, Carta al Cardenal
Eugenio Pacelli (4 de febrero de 1932), en ASV: Arch. Nunz. America
Centrale, Fascículo 21, protocolo 89.
[40] El texto original italiano de la
carta utiliza varias veces el término «strage» y esta palabra puede signifcar
«desastre» o «masacre». Sólo en este caso lo hemos traducido por «masacre»,
pues en las otras partes del texto y leído en su contexto literario parece
referirse a desastres en en sentido lato.
[41] Hemos querido dejar el adjetivo
«mesquinísimamente», aunque sea incorrecto, para que se note la intensidad
con que habla del argumento el texto. El entrecomillado en la traducción es
nuestro.
[42] Por desgracia, al concluir esta
investigación, no tuvimos delante la Carta del arzobispo de la que habla el
texto.
[43] P.
Cogliolo, Carta al Cardenal
Eugenio Pacelli (4 de febrero de 1932), en ASV: Arch. Nunz. America
Centrale, Fascículo 21, protocolo 89. La traducción es nuestra.
[44] Cfr. R. Roque Baldovinos, «La cultura», en C. G. López Bernal (dir.), El Salvador. Historia Contemporánea
1808-2010, 353.
[45] C. G. López Bernal, «Las claves de la historia de
El Salvador», en Id (dir.), El Salvador. Historia Contemporánea
1808-2010, 36-37.
